Por Alfonso de la Vega
La Justicia acaba de dar un sonoro y merecido revolcón al demediado alcalde de Madrid, un demagogo digno de mejor causa, incluso dentro del PP, cuya palabra vale menos que un doblón de plástico y que se las prometía muy felices haciendo méritos con la plutocracia perpetrando lucrativas normas inicuas al servicio de la demagogia, el socialismo y el gran capital.
En efecto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), establecidas a traición por el Consistorio municipal dirigido por el interfecto tras sostener antes muy serio para no reírse en la cara del engañado votante popular que iba a hacer justo lo contrario.
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Para colmo el recurso contencioso-administrativo había sido interpuesto por Vox, que representaría un papel de vengador del pueblo, una especie de El zorro, El coyote o Pimpinela Escarlata ante la hipocresía y el despotismo intransigente liberticida del PP.
Bien es verdad que la sentencia aún no es firme y en este desastroso reino sabemos que poco dura la alegría en cada del buen ciudadano cada vez más humillado, amenazado y pobre. Pero el alcalde ha quedado desenmascarado pues la Justicia le ha mostrado que “rebuznaba en balde” como su poco ilustre colega cervantino. De modo que aquí el dilema: ahora se achanta y queda como un tipo ridículo, malintencionado, capaz de los mayores atropellos o recurre la resolución y demuestra otra vez lo que también es. Que el socorrido pretexto «trágala» de que «lo ordena Bruselas» sirve lo mismo para un roto que para un descosido siempre que sea felonía.
El alcalde del PP ha quedado como un tipo al que los legítimos intereses de los madrileños le importan muy poco según expresa el Tribunal con sus propias palabras, más diplomáticas. Así la «insuficiencia del informe de impacto económico» de las medidas adoptadas en la Ordenanza. Y que exigían, según el Tribunal, «la toma en consideración de sus consecuencias económicas, para poder efectuar una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes», evitando que «se pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente”. Vamos, le está afeando que el bienestar de la mayoría de los ciudadanos al personaje le importa una higa.
Tras el revolcón judicial que le desenmascara, el personaje no parece que vaya a dimitir, ni tampoco su jefe obligarle a hacerlo, aunque sólo fuese por puro cálculo partidista porque no se pueden exigir coherencia y responsabilidades a la otra pata del bipartito turnista cuando en la propia se perpetran felonías que tienen que echar abajo la Justicia.
Pero hoy por ti, y mañana por mí. O al revés, que aunque existan discrepancias por el mismo botín, lo importante es lo importante.