El pasado 2 de septiembre, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, publicó un mensaje en Twitter que ahora podría traerle consecuencias legales. En su tuit, Belarra calificaba al juez Manuel García-Castellón de «corrupto» y «prevaricador», en referencia a su jubilación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La exlíder morada acusaba al PSOE de permitir que el juez y otros como él se retiren sin sanciones.
Canales en Telegram 👇👇👇
👉 El Diestro https://t.me/ElDiestro
👉 El Diestro TV https://t.me/eldiestrotv
👉 Lo que no te cuentan las televisiones https://t.me/LoQueNoTeCuentanLasTelevisiones
García-Castellón, que hasta hace poco fue magistrado de la Audiencia Nacional, ha respondido presentando una demanda ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por una supuesta vulneración de su derecho al honor. La demanda, a la que ha tenido acceso ABC, resalta el impacto del mensaje de Belarra, que acumuló más de 662.000 visitas y miles de interacciones, muchas de las cuales contenían insultos y vejaciones hacia el juez. El letrado de García-Castellón argumenta que el alcance del mensaje fue amplificado por la posición de Belarra como diputada y líder de un partido político, lo que tiene un impacto considerable sobre la opinión pública.
Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza.
— Ione Belarra (@ionebelarra) September 2, 2024
La defensa del juez subraya que no existe ninguna sentencia que condene a García-Castellón por corrupción o prevaricación, y que la acusación de Belarra es «falsa» y «ofensiva», vulnerando su derecho al honor. Además, se argumenta que el comentario no tiene un «interés general legítimo» y que excede los límites de la libertad de expresión, ya que la Constitución no protege el derecho al insulto.
En su demanda, García-Castellón solicita una compensación de 120.000 euros por los daños causados a su reputación y su vida personal, así como el pago de las costas del proceso judicial.