En Francia, la iniciativa de instalar radares móviles en el interior de vehículos particulares ha ganado fuerza, con más de 400 de estos dispositivos actualmente en funcionamiento. Sorprendentemente, estos radares no están exclusivamente en manos de las fuerzas policiales; de hecho, más de la mitad de ellos están instalados en coches privados, permitiendo a cualquier conductor solicitar formar parte de este peculiar equipo encargado de hacer cumplir las normas de velocidad en carretera.
La solicitud para unirse a este grupo de conductores civiles se realiza a través de empresas privadas designadas por el gobierno francés para gestionar estos radares. Entre ellas se encuentran Mobiom, GSR, OTI France e Ineo Infracom, según un listado publicado por la plataforma de trabajo Indeed el año pasado. Cualquier conductor con al menos 10 de los 12 puntos del permiso de conducir puede optar por convertirse en un radar móvil, y se da preferencia a aquellos con experiencia previa como conductores de autoescuela, ambulancias, policías o gendarmes.
Desde el departamento de Seguridad Vial explican que estas empresas no reciben pago por la cantidad de infracciones detectadas, sino por el total de kilómetros recorridos. Por ende, cada conductor recibe una compensación acorde al kilometraje cubierto mientras el radar está en funcionamiento en su vehículo.
Estos coches pueden circular a la velocidad máxima permitida en cada tipo de vía, aunque se sugiere mantener una velocidad ligeramente por debajo del límite para facilitar la detección de excesos de velocidad. No obstante, siempre se debe ajustar la velocidad según las condiciones del tráfico.
Es importante destacar que la conducción excesivamente lenta para provocar que otros vehículos adelanten al radar está sujeta a multas de 1,000 euros. Estas multas se dirigen a las empresas adjudicatarias y se calculan por conductor y por día.
La privatización de los radares móviles se ha implementado en varias regiones de Francia desde 2013, incluyendo Normandía, Bretaña, Países del Loira y Centro del Valle del Loira. En 2021 se extendió a otras regiones como Alta Francia, Gran Este, Borgoña-Franco Condado y Nueva Aquitania, y finalmente, en 2023, se ha ampliado a regiones como Auvernia-Ródano-Alpes, Occitania, Provenza-Alpes-Costa Azul y Córcega.
¿Se dan cuenta lo tentadora que es esta idea de saqueo al ciudadano para un gobierno como el español? Y mucho más si tenemos en cuenta que ya está más que demostrado el gran afán que tienen muchos de nuestros compatriotas por convertirse en chivatos de los demás, tal y como sucedió con los famosos policías de balcón. Lo que queda claro con este tipo de iniciativas es que en todos los países de la UE, en general, se está implantando una gran dictadura, a la que no le faltan vergonzosos colaboradores entre la ciudadanía.
El Gobierno frances-marroqui,el Gobierno español-marroqui,el Gobierno afro-britanico…
Y luego…si denuncias Corrupción política,te meten en la cárcel…véase los Royuela,el Juez Presencia etc.